En unas cuantas palabras, un catastro es un registro estadístico y con funciones administrativas que es dependiente del Estado –en el caso de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, en el que se describen bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales.
Sus funciones son las de determinar la extensión geográfica y riqueza de alguna demarcación, y establecer el cobro de las imposiciones de estado –cuánto vas a pagar de predial–. También sirve para crear un altas de riesgos, lo que ayuda para la planeación urbana –saber dónde conviene o no construir–; proveer información territorial, y tener certeza geométrica y jurídica de las propiedades.
Un sistema similar existía desde la época precolombina y básicamente tenía la misma función: cobrar tributo. Posteriormente, alrededor del año 1521, se elaboró el primer plano de la Ciudad de México conocido como la Traza de Cortés. Este proyecto fue llevado a cabo por el alarife (arquitecto) y soldado español Alfonso García Bravo, junto con Bernardino Vázquez de Tapia, alcalde de la Ciudad de México, y dos hombres mexicas cuyos nombres no pasaron a la historia. En ese plano se describió una ciudad con 30,000 habitantes. Después, el 18 de noviembre de 1824, se constituyó oficialmente la Ciudad de México como residencia de los poderes y se creó el Distrito Federal (QEPD) con una extensión de dos leguas (5.5km) de radio con centro en la Plaza Mayor.
Así se sentaron las bases para establecer una política de control catastral de inmuebles con fines tributarios, y el 23 de diciembre de 1896 se publicó la Primera Ley de Catastro de Distrito Federal, y se estableció la creación de un catastro geométrico y parcelario con un sistema de avalúos por clases y tarifa.
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